Traducción
al español del artículo "Murky Management of Spanish Trust Fund at
IDB", publicado el 9 de mayo de 2012 en la web de Government
Accountability Project (GAP), http://www.whistleblower.org
Nota: ¡El texto del artículo ofrece hipervínculos a todos los documentos citados, para su visión y descarga!
The Government Accountability Project (GAP) es la más importante
organización sin animo de lucro en EE.UU. dedicada, entre otros
objetivos, a promover la libertad de expresión, la transparencia, y la
integridad en el funcionamiento de la ONU, del Banco Interamericano de
Desarrollo, y del Banco Mundial.
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Ya que el nuevo Gobierno español toma medidas de austeridad para hacer frente a
un déficit público del 8,5% del PIB,
sus responsables deberían plantearse ahorrar dinero público de los
fondos fiduciarios bilaterales que España destina al Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Y es que siguen aflorando e
intensificándose las denuncias de ilegalidades e irregularidades en la
gestión de los $50 millones de dólares del Fondo General de Cooperación
de España (FGE) en el BID. La pendiente solución de estos hechos, que
fueron denunciados por primera vez en otoño de 2011 por trabajadores
españoles del BID, se ha convertido en una prueba de fuego de la
voluntad del nuevo Gobierno español de luchar contra las
irregularidades, el amiguismo, y la falta de rendición de cuentas en los
programas oficiales de ayuda al desarrollo del país.
The Government Accountability Project (GAP) publicó en su blog sendos
artículos sobre el Fondo General de Cooperación de España (FGE) en el
BID,
en enero y
febrero de 2012, haciéndose eco de una información publicada en
el periódico español ABC, de Octubre 2, 2011 ,que sacó a la luz por primera vez estas denuncias. Un
segundo artículo de ABC de fecha 6 de febrero de 2012 informaba
de que el Tribunal de Cuentas de España investigará y fiscalizará la
actividades y donaciones de cooperación al desarrollo financiadas por el
Ministerio de Economía de España de 2008 en adelante, con especial
atención al Fondo General de Cooperación de España (FGE) en el BID.
El Tribunal de Cuentas tomó esta decisión de fiscalizar los fondos
fiduciarios bilaterales de España en el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), especialmente el FGE, a pesar de un comunicado de
prensa de Octubre 2011 emitido por la entonces Vicepresidenta y Ministra
de Economía del Gobierno de España, Sra. Elena Salgado, en el que
negaba todas las denuncias publicadas por ABC.
Como informaron tanto ABC como GAP, hay tres cuestiones fundamentales
que evidencian los conflictos de intereses y la falta de transparencia
en la gestión del FGE, así como los débiles controles internos por parte
del Gobierno español:
1) La primera cuestión es el
conflicto de intereses que afecta a Carmen (Carmiña) Albertos, la
funcionaria internacional (“staff”) del BID que desempeña el puesto de
Gestora del FGE y que, como tal, coordina las actividades del Fondo y
tiene autoridad delegada por el Gobierno español para aprobar proyectos
de cooperación técnica de hasta €100,000 cada uno. El conflicto de
intereses deriva de que la Sra. Albertos pertenece a la Ejecutiva de la
Agrupación del PSOE en Washington DC., conflicto que supone una clara y
manifiesta violación del Código de Ética del BID. Otro funcionario
internacional del BID, el Sr. Juan José Llisterri, también es miembro
del Comité Ejecutivo del PSOE en Washington y, por lo tanto, también
está violando el Código de Ética del BID. Por razones obvias,
el Código de Ética
del BID prohíbe de manera inequívoca a los funcionarios del Banco
desempeñar cargos políticos salvo que renuncien a su cargo de
funcionario:
“…Con el ánimo de preservar la
independencia e imparcialidad de su condición de funcionarios públicos
internacionales y evitar cualquier interferencia o conflicto con sus
funciones, los empleados no podrán participar en actividades políticas partidistas que impliquen la candidatura, aceptación o nombramiento a un cargo político o público. Para ello, el empleado en cuestión deberá renunciar a su cargo en el Banco
antes de participar en dichas actividades o aceptar dichos cargos, o
convertirse en candidato para dichos cargos.” (Código de Ética del BID,
Conflictos de Intereses, página 5, énfasis añadido)
2) La segunda cuestión es
la delegación de autoridad hecha por el Ministerio de Economía de
España a favor del BID, en la persona de la Sra. Carmen Albertos
(Gestora del FGE), para aprobar proyectos de cooperación técnica por
valor de hasta €100,000 euros cada uno. Esta delegación de autoridad se
hizo el 3 de noviembre de 2008 por medio de una carta-acuerdo firmada
por la entonces Directora General de Financiación Internacional del
Ministerio de Economía, la Sra. María Jesús Fernández García. Esta
“delegación de autoridad” se cita en los
Informe Anuales del FGE de 2008 y 2009, así como en el
documento-perfil de todos y cada uno de los proyectos de cooperación técnica financiados bajo la citada delegación de autoridad
[pinchar el hipervínculo para ver documento].
La delegación de autoridad no solo
es problemática debido a la vinculación de la Sra. Carmen Albertos con
el PSOE, sino también porque esta delegación de autoridad no se publicó
en el Boletín Oficial del Estado [BOE] de España. Pero el aspecto más
grave de esta delegación de autoridad es que se trata de una fórmula
ideada para evitar el control de la comisión interministerial del
Gobierno español (la “Comisión FEV”), que es el órgano del
Gobierno legalmente responsable de aprobar todas las operaciones y
proyectos que son financiados por el FGE y por otros Fondos Fiduciarios
bilaterales de España. Como sabemos, la Sra. Carmen Albertos ha aprobado
proyectos que suman en total más de $1 millón de dólares bajo esta
formula de la “delegación de autoridad” inventada para el FGE, y uno de
sus beneficiarios como jefe de proyecto ha sido el Sr. Juan José
Llisterri, su colega por partida doble en el BID y en la Ejecutiva del
PSOE de Washington.
3) La tercera cuestión,
también muy preocupante, es la débil supervisión y control del FGE por
parte del Ministerio de Economía de España. De ello es prueba el papel
que desempeña la funcionaria de carrera española enviada por el
Ministerio de Economía al BID (Cristina López Mayher de Julio 2008 a Agosto 2011, y Ana María Martínez Jerez de Septiembre 2011 hasta la fecha)
para supervisar el FGE (teóricamente) y también para prestar asistencia
al Director Ejecutivo de España en el BID con otros asuntos. Ambas
funciones son desempeñadas por la funcionaria de carrera española bajo
un contrato de consultoría con el BID, y esta funcionaria de España
reporta a la Gestora del FGE (funcionaria internacional del BID) y
miembro de la Ejecutiva del PSOE, la Sra. Carmen Albertos. El periódico
ABC se refirió expresamente a esta situación como “la fiscalizadora
fiscalizada”: la funcionaria de carrera española que teóricamente
tendría que fiscalizar a la Sra. Carmen Albertos, es fiscalizada por
ésta, ya que ella misma depende y reporta a la Gestora del FGE, la Sra.
Carmen Albertos. Por ello dicha funcionaria española carece de
independencia.
Para intentar penetrar en la nebulosa que rodea la gestión del Fondo
General de Cooperación de España (FGE) en el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), GAP escribió al Presidente del BID, Luis Alberto
Moreno,
el 26 enero de 2012, enviando copia de la carta a María Pérez Ribes, actual Directora Ejecutiva de España en el BID.
Marcelo Cabrol, Gerente de Relaciones Externas del BID,
nos respondió pero solo contestó a una de las cuestiones que le planteamos y su respuesta fue desconcertante:
“El Oficial de Ética del BID ha
determinado que no hay pruebas de que los empleados del BID mencionados
en su carta hayan incurrido en hechos que sean contrarios a los
estándares éticos y de conducta profesional del BID”.
Y es que la redacción del Código de Ética y Conducta Profesional del BID
es
absolutamente explícita en cuanto a los asuntos de política y de
dinero: el simple hecho de ostentar un cargo en un partido político y
desempeñar a la vez un puesto de trabajo en el BID supone una violación
de su Código de Ética, incluso si el funcionario se dedica a tomar café
todo el día y a no hacer nada.
Cabe por tanto preguntarse: ¿quién es o fue el Oficial de Ética del
BID que dictaminó que ni la Sra. Albertos ni el Sr. Llisterri incurren
en conflicto de intereses a pesar de ser ambos miembros de la Ejecutiva
del PSOE en Washington DC? ¿Fue quizás María Borrero, la primera Oficial
de Ética del BID, que presentó su dimisión de forma abrupta en abril de
2011 justo cuando concluyó una investigación interna del BID sobre su
propia conducta profesional? Si ella fue la experta que dictaminó sobre
la cuestión que nos afecta, entonces sería conveniente pedir una segunda
opinión. ¿Fue quizás Michael Woscoboinik? Después de la salida impropia
de María Borrero, el BID nombró a Woscoboinik como Oficial de Ética “en
funciones”. Cuando GAP recibió la carta del Sr. Marcelo Cabrol antes
mencionada, Woscoboinik llevaba desempeñando el puesto de Oficial de
Ética casi un año, y el hecho de que un nombramiento en funciones esté
durando tanto tiempo es problemático, tanto para el interesado como para
cualquier empleado del BID que necesite su consejo y dictamen sobre
asuntos de ética profesional. Los funcionarios del BID con nombramientos
temporales carecen de la autonomía y de la seguridad laboral necesarias
para hacer juicios imparciales frente a los Gestores del BID.
Finalmente, es por supuesto evidente que cualquiera que fuese el Oficial
de Ética del BID que dictaminó que la pertenencia de la Sra. Albertos y
el Sr. Llisterri a la Ejecutiva del PSOE en Washington no supone una
clara e inequívoca violación del Código de Ética del BID, se equivoca
flagrantemente.
Mientras tanto, la Directora Ejecutiva de España en el BID, la Sra. Pérez Ribes,
escribió a GAP el 21 de febrero de 2012, en respuesta a la carta que GAP dirigió al Presidente del BID, Luis Alberto Moreno
.
La carta de la Sra. Pérez Ribes no sólo no aborda las
denuncias de ilegalidades e irregularidades en la gestión del FGE, sino
que aparentemente es una carta privada: carece de membrete (ya sea del
Gobierno de España o del BID) y además no indica su cargo oficial debajo
de su firma. En este sentido, es importante señalar que la Sra. Pérez
Ribes tenía necesariamente que estar al tanto de los conflictos de
intereses y de la falta de transparencia en la gestión del FGE, así como
de los prácticamente inexistentes controles internos por parte del
Gobierno español; Pérez Ribes fue Subdirectora General de Instituciones
Multilaterales Financieras (incluido el BID) en el Ministerio de
Economía de España de Septiembre 2010 a Agosto 2011. Ella fue nombrada
Directora Ejecutiva de España en el BID por el Gobierno español saliente
en Septiembre de 2011, así que no puede desconocer las irregularidades
en el FGE tanto del lado del Gobierno español como del lado del BID.
La extraña carta que la Sra. Pérez Ribes envió a GAP, nos llevó a
escribirla directamente el 7 de marzo de 2012 como Representante Oficial del Gobierno de España en el BID
,
con el propósito de preguntarla en detalle sobre la posición del nuevo
Gobierno español en relación con las denuncias de irregularidades en el
Fondo General de Cooperación de España (FGE) en el BID. También la
preguntamos si ha propuesto alguna medida a los nuevos responsables del
Ministerio de Economía para sanear el FGE y depurar responsabilidades.
Sin embargo, a fecha de hoy, la Sra. Pérez Ribes sigue sin contestar a
nuestra carta.
Para terminar, señalaremos que el panorama de ilegalidades y de
irregularidades en la gestión del FGE es más que suficiente para
impulsar una fiscalización por parte de las autoridades españolas, pero
los Gestores del BID simple y llanamente niegan que algo esté mal a
pesar de que la existencia de un conflicto de intereses es evidente para
cualquiera que pueda leer el periódico y el Código de Ética del BID.
Es más, el Gerente de Relaciones Externas del BID, Sr. Marcelo Cabrol,
negó en su carta a GAP que Carmen Albertos tenga autoridad delegada para
aprobar proyectos de cooperación técnica de hasta €100,000 cada uno.
Sin embargo, [y como antes señalamos], esa delegación de autoridad fue
hecha por medio una carta-acuerdo firmada el 3 de noviembre de 2008 por
la entonces Directora de Financiación Internacional del Ministerio de
Economía de España. En breve, los propios Gestores del BID caen por
debajo de los estándares éticos que el BID anuncia y publicita para si mismo:
“El
Banco se esfuerza por garantizar que sus actividades estén libres de
fraude y de corrupción y se sometan a los más estrictos mecanismos de
control.”
Desde la perspectiva de los contribuyentes españoles, si han
de tomar en serio el compromiso del nuevo Gobierno de España de acabar
con las irregularidades, el amiguismo y la falta de rendición de cuentas
en la gestión de los fondos de cooperación oficial al desarrollo, los
nuevos responsables del Ministerio español de Economía deben tomar
medidas inmediatas para sanear el Fondo General de Cooperación de España
(FGE) en el BID y depurar responsabilidades. En la actualidad, lo menos
que los contribuyentes españoles merecen es un uso eficaz de las
donaciones y contribuciones del Gobierno español al BID, pues el nuevo
Gobierno les está pidiendo que asuman importantes sacrificios bajo las
nuevas políticas de ajuste fiscal y austeridad.
Bea Edwards es Director Ejecutiva y Internacional para el
Government Accountability Project, el líder nacional de la protección y
defensa de los informantes.
The Government Accountability Project (GAP) es la más importante
organización sin animo de lucro en EE.UU. dedicada, entre otros
objetivos, a promover la libertad de expresión, la transparencia, y la
integridad en el funcionamiento de la ONU, del Banco Interamericano de
Desarrollo, y del Banco Mundial.
Here,
in fact, is IDB President Luís Alberto Moreno whispering to the Spanish
Minister of the Economy Luis De Guindos at the official opening of the
IDB headquarters in Madrid. So what could these two be worried about, do
you suppose? Our guess is money. Trust Fund money. In Madrid, the
scandal about mismanagement of the Spanish Trust Funds has received
relentless 
