Gestión turbia de los Fondos Fiduciarios de España en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

by Bea Edwards on May 09, 2012 ( The Whistleblogger / 2012 )

Traducción al español del artículo "Murky Management of Spanish Trust Fund at IDB", publicado el 9 de mayo de 2012 en la web de Government Accountability Project (GAP), http://www.whistleblower.org
Nota: ¡El texto del artículo ofrece hipervínculos a todos los documentos citados, para su visión y descarga!
The Government Accountability Project (GAP) es la más importante organización sin animo de lucro en EE.UU. dedicada, entre otros objetivos, a promover la libertad de expresión, la transparencia, y la integridad en el funcionamiento de la ONU, del Banco Interamericano de Desarrollo, y del Banco Mundial.
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Ya que el nuevo Gobierno español toma medidas de austeridad para hacer frente a un déficit público del 8,5% del PIB, sus responsables deberían plantearse ahorrar dinero público de los fondos fiduciarios bilaterales que España destina al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y es que siguen aflorando e intensificándose las denuncias de ilegalidades e irregularidades en la gestión de los $50 millones de dólares del Fondo General de Cooperación de España (FGE) en el BID. La pendiente solución de estos hechos, que fueron denunciados por primera vez en otoño de 2011 por trabajadores españoles del BID, se ha convertido en una prueba de fuego de la voluntad del nuevo Gobierno español de luchar contra las irregularidades, el amiguismo, y la falta de rendición de cuentas en los programas oficiales de ayuda al desarrollo del país.
The Government Accountability Project (GAP) publicó en su blog sendos artículos sobre el Fondo General de Cooperación de España (FGE) en el BID, en enero y febrero de 2012, haciéndose eco de una información publicada en el periódico español ABC, de Octubre 2, 2011 ,que sacó a la luz por primera vez estas denuncias. Un segundo artículo de ABC de fecha 6 de febrero de 2012 informaba de que el Tribunal de Cuentas de España investigará y fiscalizará la actividades y donaciones de cooperación al desarrollo financiadas por el Ministerio de Economía de España de 2008 en adelante, con especial atención al Fondo General de Cooperación de España (FGE) en el BID.
El Tribunal de Cuentas tomó esta decisión de fiscalizar los fondos fiduciarios bilaterales de España en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), especialmente el FGE, a pesar de un comunicado de prensa de Octubre 2011 emitido por la entonces Vicepresidenta y Ministra de Economía del Gobierno de España, Sra. Elena Salgado, en el que negaba todas las denuncias publicadas por ABC.
Como informaron tanto ABC como GAP, hay tres cuestiones fundamentales que evidencian los conflictos de intereses y la falta de transparencia en la gestión del FGE, así como los débiles controles internos por parte del Gobierno español:

1) La primera cuestión es el conflicto de intereses que afecta a Carmen (Carmiña) Albertos, la funcionaria internacional (“staff”) del BID que desempeña el puesto de Gestora del FGE y que, como tal, coordina las actividades del Fondo y tiene autoridad delegada por el Gobierno español para aprobar proyectos de cooperación técnica de hasta €100,000 cada uno. El conflicto de intereses deriva  de que la Sra. Albertos pertenece a la Ejecutiva de la Agrupación del PSOE en Washington DC., conflicto que supone una clara y manifiesta violación del Código de Ética del BID. Otro funcionario internacional del BID, el Sr. Juan José Llisterri, también es miembro del Comité Ejecutivo del PSOE en Washington y, por lo tanto, también está violando el Código de Ética del BID. Por razones obvias, el Código de Ética del BID prohíbe de manera inequívoca a los funcionarios del Banco desempeñar cargos políticos salvo que renuncien a su cargo de funcionario:

“…Con el ánimo de preservar la independencia e imparcialidad de su condición de funcionarios públicos internacionales y evitar cualquier interferencia o conflicto con sus funciones, los empleados no podrán participar en actividades políticas partidistas que impliquen la candidatura, aceptación o nombramiento a un cargo político o público. Para ello, el empleado en cuestión deberá renunciar a su cargo en el Banco antes de participar en dichas actividades o aceptar dichos cargos, o convertirse en candidato para dichos cargos.” (Código de Ética del BID, Conflictos de Intereses, página 5, énfasis añadido)

2) La segunda cuestión es la delegación de autoridad hecha por el Ministerio de Economía de España a favor del BID, en la persona de la Sra. Carmen Albertos (Gestora del FGE), para aprobar proyectos de cooperación técnica por valor de hasta €100,000 euros cada uno. Esta delegación de autoridad se hizo el 3 de noviembre de 2008 por medio de una carta-acuerdo firmada por la entonces Directora General de Financiación Internacional del Ministerio de Economía, la Sra. María Jesús Fernández García. Esta “delegación de autoridad” se cita en los Informe Anuales del FGE de 2008 y 2009, así como en el documento-perfil de todos y cada uno de los proyectos de cooperación técnica financiados bajo la citada delegación de autoridad [pinchar el hipervínculo para ver documento].

La delegación de autoridad no solo es problemática debido a la vinculación de la Sra. Carmen Albertos con el PSOE, sino también porque esta delegación de autoridad no se publicó en el Boletín Oficial del Estado [BOE] de España. Pero el aspecto más grave de esta delegación de autoridad es que se trata de una fórmula ideada para evitar el control de la comisión interministerial del Gobierno español (la “Comisión FEV”), que es el órgano del Gobierno legalmente responsable de aprobar todas las operaciones y proyectos que son financiados por el FGE y por otros Fondos Fiduciarios bilaterales de España. Como sabemos, la Sra. Carmen Albertos ha aprobado proyectos que suman en total más de $1 millón de dólares bajo esta formula de la “delegación de autoridad” inventada para el FGE, y uno de sus beneficiarios como jefe de proyecto ha sido el Sr. Juan José Llisterri, su colega por partida doble en el BID y en la Ejecutiva del PSOE de Washington.

3) La tercera cuestión, también muy preocupante, es la débil supervisión y control del FGE por parte del Ministerio de Economía de España. De ello es prueba el papel que desempeña la funcionaria de carrera española enviada por el Ministerio de Economía al BID (Cristina López Mayher de Julio 2008 a Agosto 2011, y Ana María Martínez Jerez de Septiembre 2011 hasta la fecha) para supervisar el FGE (teóricamente) y también para prestar asistencia al Director Ejecutivo de España en el BID con otros asuntos. Ambas funciones son desempeñadas por la funcionaria de carrera española bajo un contrato de consultoría con el BID, y esta funcionaria de España reporta a la Gestora del FGE (funcionaria internacional del BID) y miembro de la Ejecutiva del PSOE, la Sra. Carmen Albertos. El periódico ABC se refirió expresamente a esta situación como “la fiscalizadora fiscalizada”: la funcionaria de carrera española que teóricamente tendría que fiscalizar a la Sra. Carmen Albertos, es fiscalizada por ésta, ya que ella misma depende y reporta a la Gestora del FGE, la Sra. Carmen Albertos. Por ello dicha funcionaria española carece de independencia.

Para intentar penetrar en la nebulosa que rodea la gestión del Fondo General de Cooperación de España (FGE) en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  GAP escribió al Presidente del BID, Luis Alberto Moreno,  el 26 enero de 2012, enviando copia de la carta a María Pérez Ribes, actual Directora Ejecutiva de España en el BID.
Marcelo Cabrol, Gerente de Relaciones Externas del BID, nos respondió pero solo contestó a una de las cuestiones que le planteamos y su respuesta fue desconcertante:

“El Oficial de Ética del BID ha determinado que no hay pruebas de que los empleados del BID mencionados en su carta hayan incurrido en hechos que sean contrarios a los estándares éticos y de conducta profesional del BID”.

Y es que la redacción del Código de Ética y Conducta Profesional del BID es absolutamente explícita en cuanto a los asuntos de política y de dinero: el simple hecho de ostentar un cargo en un partido político y desempeñar a la vez un puesto de trabajo en el BID supone una violación de su Código de Ética, incluso si el funcionario se dedica a tomar café todo el día y a no hacer nada.
Cabe por tanto preguntarse: ¿quién es o fue el Oficial de Ética del BID que dictaminó que ni la Sra. Albertos ni el Sr. Llisterri incurren en conflicto de intereses a pesar de ser ambos miembros de la Ejecutiva del PSOE en Washington DC? ¿Fue quizás María Borrero, la primera Oficial de Ética del BID, que presentó su dimisión de forma abrupta en abril de 2011 justo cuando concluyó una investigación interna del BID sobre su propia conducta profesional? Si ella fue la experta que dictaminó sobre la cuestión que nos afecta, entonces sería conveniente pedir una segunda opinión. ¿Fue quizás Michael Woscoboinik? Después de la salida impropia de María Borrero, el BID nombró a Woscoboinik como Oficial de Ética “en funciones”. Cuando GAP recibió la carta del Sr. Marcelo Cabrol antes mencionada, Woscoboinik llevaba desempeñando el puesto de Oficial de Ética casi un año, y el hecho de que un nombramiento en funciones esté durando tanto tiempo es problemático, tanto para el interesado como para cualquier empleado del BID que necesite su consejo y dictamen sobre asuntos de ética profesional. Los funcionarios del BID con nombramientos temporales carecen de la autonomía y de la seguridad laboral necesarias para hacer juicios imparciales frente a los Gestores del BID.  Finalmente, es por supuesto evidente que cualquiera que fuese el Oficial de Ética del BID que dictaminó que la pertenencia de la Sra. Albertos y el Sr. Llisterri a la Ejecutiva del PSOE en Washington no supone una clara e inequívoca violación del Código de Ética del BID, se equivoca flagrantemente.
Mientras tanto, la Directora Ejecutiva de España en el BID, la Sra. Pérez Ribes, escribió a GAP el 21 de febrero de 2012, en respuesta a la carta que GAP dirigió al Presidente del BID, Luis Alberto Moreno.
La carta de la Sra. Pérez Ribes no sólo no aborda las denuncias de ilegalidades e irregularidades en la gestión del FGE, sino que aparentemente es una carta privada: carece de membrete (ya sea del Gobierno de España o del BID) y además no indica su cargo oficial debajo de su firma.  En este sentido, es importante señalar que la Sra. Pérez Ribes tenía necesariamente que estar al tanto de los conflictos de intereses y de la falta de transparencia en la gestión del FGE, así como de los prácticamente inexistentes controles internos por parte del Gobierno español; Pérez Ribes fue Subdirectora General de Instituciones Multilaterales Financieras (incluido el BID) en el Ministerio de Economía de España de Septiembre 2010 a Agosto 2011. Ella fue nombrada Directora Ejecutiva de España en el BID por el Gobierno español saliente en Septiembre de 2011, así que no puede desconocer las irregularidades en el FGE tanto del lado del Gobierno español como del lado del BID.
La extraña carta que la Sra. Pérez Ribes envió a GAP, nos llevó a escribirla directamente el 7 de marzo de 2012 como Representante Oficial del Gobierno de España en el BID, con el propósito de preguntarla en detalle sobre la posición del nuevo Gobierno español en relación con las denuncias de irregularidades en el Fondo General de Cooperación de España (FGE) en el BID. También la preguntamos si ha propuesto alguna medida a los nuevos responsables del Ministerio de Economía para sanear el FGE y depurar responsabilidades. Sin embargo, a fecha de hoy, la Sra. Pérez Ribes sigue sin contestar a nuestra carta.
Para terminar, señalaremos que el panorama de ilegalidades y de irregularidades en la gestión del FGE es más que suficiente para impulsar una fiscalización por parte de las autoridades españolas, pero los Gestores del BID simple y llanamente niegan que algo esté mal a pesar de que la existencia de un conflicto de intereses es evidente para cualquiera que pueda leer el periódico y el Código de Ética del BID.  Es más, el Gerente de Relaciones Externas del BID, Sr. Marcelo Cabrol, negó en su carta a GAP que Carmen Albertos tenga autoridad delegada para aprobar proyectos de cooperación técnica de hasta €100,000 cada uno. Sin embargo, [y como antes señalamos], esa delegación de autoridad fue hecha por medio una carta-acuerdo firmada el 3 de noviembre de 2008 por la entonces Directora de Financiación Internacional del Ministerio de Economía de España. En breve, los propios Gestores del BID caen por debajo de los estándares éticos que el BID anuncia y publicita para si mismo: “El Banco se esfuerza por garantizar que sus actividades estén libres de fraude y de corrupción y se sometan a los más estrictos mecanismos de control.”
Desde la perspectiva de los contribuyentes españoles, si han de tomar en serio el compromiso del nuevo Gobierno de España de acabar con las irregularidades, el amiguismo y la falta de rendición de cuentas en la gestión de los fondos de cooperación oficial al desarrollo, los nuevos responsables del Ministerio español de Economía deben tomar medidas inmediatas para sanear el Fondo General de Cooperación de España (FGE) en el BID y depurar responsabilidades. En la actualidad, lo menos que los contribuyentes españoles merecen es un uso eficaz de las donaciones y contribuciones del Gobierno español al BID, pues el nuevo Gobierno les está pidiendo que asuman importantes sacrificios bajo las nuevas políticas de ajuste fiscal y austeridad.

Bea Edwards es Director Ejecutiva y Internacional para el Government Accountability Project, el líder nacional de la protección y defensa de los informantes.
The Government Accountability Project (GAP) es la más importante organización sin animo de lucro en EE.UU. dedicada, entre otros objetivos, a promover la libertad de expresión, la transparencia, y la integridad en el funcionamiento de la ONU, del Banco Interamericano de Desarrollo, y del Banco Mundial.

UNDP Top secret: "La Corrupción del PSOE salta las fronteras españolas"

Spanish Trust Fund: Socialist Party of Spain used UNDP to hire "friends" - mega corruption (VIDEO)

Top secret: donaciones desproporcionadas a cambio de altos puestos 

El hobre de ZP (José Luis Rodríguez Zapatero) en la ONU

 Click here for video (in Spanish)

Spanish Trust Fund: - Did UNDP loundered money for Partido Socialista Obrero Espana (PSOE)?

  SCANDAL

 

"Brand Spain" Questioned Following Corruption Scandal with Spanish Trust Funds at the IDB

by Bea Edwards on July 18, 2012 ( The Whistleblogger / 2012 )

*Este blog está en español debajo de la versión ingles.Nota: El artículo ofrece hipervínculos para visión y descarga de documentos.

On July 12th, the occasion of the swearing into office of the High Commissioner for Marca España (“Brand Spain”), Spain’s President Mariano Rajoy underlined his determination to strengthen Spain’s image abroad. The international reputation of the Spanish government has been damaged by a scandal over the corruption affecting the Spanish Trust Funds at the Inter-American Development Bank (IDB). The continuing scandal, which first broke in October 2011, raises questions about the passive stance of the current Spanish Government (particularly the Ministry of Economy). The ministry has yet to hold those at fault accountable and restore transparency, efficacy and accountability to the $695 million Funds.

In previous postings here, we’ve covered the dubious dealings associated with these funds (first reported by Spanish whistleblowers at IDB in October 2011), particularly the close association between the last ruling party in Spain and IDB management of the funds. It was a convenient arrangement – the Partido Socialista Obrero Espanol  (PSOE) contributed hundreds of millions of Euros to the IDB, where national oversight bodies could hardly reach, and PSOE representatives abroad managed the money, doling it out to themselves and their friends as they saw fit. But then this cozy relationship suffered a setback: the PSOE lost the election in Spain last November.
The allegations of mismanagement of Spanish Trust Funds at IDB are so well founded and documented that the Spanish Tribunal de Cuentas (the equivalent of the US Government Accountability Office) decided last February to investigate and audit Trust Fund activities from 2008 onwards, especially those of the $50-million Spanish General Trust Fund (FGE) at the IDB.
Luis Alberto Moreno, IDB President, courting Jose Luis Rodriguez Zapatero ,Spain’s President, at La Moncloa in October 2009 Nonetheless, on July 6, 2012, the IDB formally transferred its European office from Paris to Madrid. It seemed a counterintuitive maneuver – typically the rat swims away from the sinking ship, and Spain is apparently still sinking in the face of an unprecedented economic and banking crisis. The country has figured prominently in the financial news most days this month, and probably will continue to do so for a while, as the Rajoy government struggles with the legacy of an enormous deficit and national debt.

However, on closer inspection, the IDB’s office transfer from Paris to Madrid makes sense when you realize that, despite Spain’s deepening economic problems, the government in Madrid has been generously funding the IDB, as well as the United Nations Development Program, since 2008.

Of all the donor countries to the IDB in Washington, DC between 2007 and 2011, the Spanish government has been far and away the most openhanded, when it came to “trust funds.” Spain showered close to $700 million on the IDB through these funds (the second largest such donor – Japan – gave less than half that much: $278 million). Moreover, Spain’s donations to the IDB alone are greater than the sum of the other member’s donations (Japan, US, Korea, EU countries, etc).
Fernando Jiménez Latorre, Spain’s current Deputy Minister of Economy with Carlos Jarque, IDB Representative in Europe, in June2012. It’s curious. Given the sharp budgetary cuts ($65 billion Euros) approved by the Spanish Government in July, you would expect that Spain’s donations to the IDB would also be slashed. But you would be wrong.

And it’s not as if these funds are producing groundbreaking development advances in Latin America. On the contrary. Let’s consider one of the “Best Case” projects financed with the Spanish General Cooperation Fund and see what the taxpayers of Spain are getting for their money, shall we? The project was called “The Promotion of Value-added Production Chains in the Province of Mendoza”, and one of its objectives was to help develop the olive oil industry in Argentina. Now, you might ask, why is Spain (the largest producer of olive oil) financing competitiveness studies for another (rival) olive oil producer?

Drilling down into this effort, we find that it focused on a “pilot cluster” in Mendoza’s “niche” olive oil industry. Predictably, it produced a couple of studies, a conference or two and some lessons learned. So, seven years later, how is the olive oil industry in Mendoza coming along?

 The industry is going through a very difficult time,” Armando Mansur, president of Asociación Olivícola de Mendoza (ASOLMEN), told local newspaper Los Andes this week. “We have falling international prices and rising production costs, which leaves us with very little profit margin.

 I’m guessing that the IDB’s analysis of the international niche market for Mendoza’s olive oil industry was a just a bit off. So exactly how bad was it?

Mansur reminded reporters that this is not the first time Mendoza’s olive producers have experienced hardship. “We’ve been trying to get aid to help us alleviate the situation. On September 27 we urged the Government of Mendoza to declare an emergency in the sector, and we reiterated that request on February 8 of this year.”

It’s a disaster, actually; that’s what it is. Apparently, the IDB study and expertise neglected to account for the fact that Argentina has only 2 percent of the international olive oil market but must export about 70 percent of its production. In other words, it has absolutely no control over the market price of the product globally and is heavily dependent on exports. So, if the international price falls, the industry collapses in Mendoza. Poof!

Of course, we cannot blame the IDB for the price of Argentina’s olive oil, and we don’t. We can blame the IDB, however, for using Spanish money to fund pointless and bogus studies that no one with any sense would pay attention to.

Which brings us back to the new IDB office in Madrid. The stark political fact is that, when you’ve got project results like this Mendoza thing, you’re going to have to bring out your big guns to save your trust funds. So that’s what the Bank did, on July 6, 2012.
Here, in fact, is IDB President Luís Alberto Moreno whispering to the Spanish Minister of the Economy Luis De Guindos at the official opening of the IDB headquarters in Madrid. So what could these two be worried about, do you suppose? Our guess is money. Trust Fund money. In Madrid, the scandal about mismanagement of the Spanish Trust Funds has received relentless coverage on television and in newspapers during the past months. Moreno would therefore be trying to shore up the reputation of his Bank and guarantee Spain’s continuing donations. For his part, De Guindos would be acting on his misplaced loyalty to the civil service corps that produced him – the Técnicos Comerciales del Estado – the same group that produced the IDB officials who have abused the Trust Funds.

As Spain is forced to face an increasingly unmanageable debt, as well as fund the luxurious new IDB office in Madrid, we can think of a couple of ways the government might economize. It might just want to keep some few hundred million in IDB trust fund dollars at home. In addition, Minister De Guindos might consider demanding that the IDB repay the Spanish Trust Funds for money wasted and misused in violation of the Bank’s Code of Ethics. That’s what the Norwegian and Canadian governments did when they found that the IDB’s corrupt “Ethics Guru,” Bernardo Kliksberg, had used their funds for his own purposes.

So that’s the question, in the end. Will the leadership at the Spanish Ministry of the Economy have the courage to clean up trust fund management at the IDB and hold compromised officials accountable? The credibility and moral gravitas of Spain’s new leaders are at stake, as well as the respectability of Marca España.

 Bea Edwards is International and Executive Director for the Government Accountability Project, the nation's leading whistleblower protection and advocacy organization.

UNDP SPANISH TRUST FUND SCANDAL: Spanish Accounts Tribunal to investigate the United Nations and IDB on Rebeca Grynspan's personal advisors affairs

ANOTHER UNDP CORRUPTION SCANDAL

FOR

HELEN CLARK

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El Tribunal de Cuentas fiscalizará la gestión irregular del PSOE en un fondo de cooperación

Una denuncia alerta sobre posibles ilegalidades en la gestión de 50 millonesEl Ministerio de Economía nególas acusaciones delos trabajadores

ÁNGEL DE ANTONIO

Elena Salgado, exvicepresidenta del Gobierno

El Tribunal de Cuentas ha decidido finalmente investigar la gestión que el Gobierno socialista, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, ha venido haciendo del Fondo General de Cooperación de España, dotado con 50 millones de euros, que se ha destinado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con sede en Washington. La decisión de fiscalizar este fondo se adoptó en la reunión del Pleno de este tribunal, celebrada el pasado 26 de enero, y así consta en el programa de fiscalización, al que ha tenido acceso ABC.

En este programa, aprobado en dicha reunión y elevado a la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, se recoge la decisión de fiscalizar «por iniciativa» de este organismo «las inversiones financieras permanentes en el exterior y organismos internacionales, gestionadas por la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional del Ministerio de Economía y Competitividad (antes Ministerio de Economía y Hacienda)». El Tribunal de Cuentas especifica que su investigación se centrará fundamentalmente, en aquellas «correspondientes al Fondo General de Cooperación de España en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)».

Falta de ética

El origen de esta decisión del Tribunal de Cuentas está en la denuncia que presentaron un grupo de trabajadores españoles del Banco Interamericano de Desarrollo, alertando sobre una serie de ilegalidades. Un informe, que adelantó ABC en su edición del pasado 2 de octubre de 2011, y que detalla hasta cuatro tipos de irregularidades.

La primera de ellas afectaría a la funcionaria internacional del BID, Carmen Albertos, que gestiona este fondo, siendo miembro de la Comisión Ejecutiva de la Agrupación del PSOE de Washington. Los denunciantes aseguran que se está incumpliendo el Código Ético del BID que afirma que «los empleados no podrán participar en actividades políticas o partidistas que impliquen la candidatura, aceptación o nombramiento a un cargo público o político», debiendo renunciar a su cargo en el Banco.

La segunda irregularidad se refiere a la delegación de autoridad que el Ministerio hizo a favor de Carmen Albertos para «la aprobación de cooperaciones técnicas por importe de hasta cien mil euros cada una de ellas». En este sentido, advierten que «esta delegación de autoridad se concedió a favor de una persona que no es autoridad pública española ni funcionaria de la Administración General del Estado, sino que es funcionaria internacional del BID».

A Carmen Albertos le imputan estos trabajadores haber aprobado cuatro cooperaciones técnicas, entre 2007 y 2009, por una suma total de 380.564 euros, teniendo como beneficiario directo a Juan José Llisteri, funcionario internacional del BID y «también miembro de la Ejecutiva de la Agrupación del PSOE de Washington. Es decir, colega de Carmen Alberto por partida doble». Tres de estas cooperaciones fueron aprobadas por la Dirección General de Financiación Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda (MEH), «lo cual demuestra que el MEH ampara los conflictos de interés dentro del BID en aras de intereses partidistas».

La cuarta cooperación técnica, «en beneficio de su colega en el PSOE de Washington, fue aprobada directamente por Carmen Albertos en junio de 2009, en virtud de la autoridad que le concedió el Ministerio».

La tercera irregularidad que plantean es «la ausencia de fiscalización del Ministerio de Economía» a estos fondos y, finalmente, denuncian «la falta de control del Ministerio, que no evalúa ni el impacto ni la eficacia de los proyectos de cooperación, tal y como reflejan los informes anuales de 2008 y 2009».

Otras subvenciones

El Ministerio de Economía y Hacienda, entonces dirigido por Elena Salgado, negó en una nota enviada a ABC las denuncias de los trabajadores, pero estos sostienen sus acusaciones y han seguido adelante hasta que el Tribunal de Cuentas ha decidido abrir la investigación.

Además de fiscalizar este fondo concreto que se destina al Banco Interamericano de Desarrollo, el Tribunal de Cuentas también ha decidido fiscalizar las cuotas a organismos internacionales y «las subvenciones y ayudas otorgadas con cargo a los créditos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en los ejercicios 2008 y 2009.

Las irregularidades que han denunciado los trabajadores españoles en el BID también ha sido puestas en conocimiento del presidente de este organismo internacional, Luis Alberto Moreno. Así consta en la carta que le ha enviado Beatrice Edwards, directora ejecutiva de Government Accountability Project (GAP), una organización sin ánimo de lucro que defiende la libertad de expresión, y a la que ha tenido acceso en ABC. En la misma, alerta sobre la debilidad de los «controles internos» de este fondo y del «conflicto de intereses» que se produce en la gestión de Carmen Albertos.

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UNDP ETHICS SCANDAL: Rebeca Grynspan's advisor mismanaged funds at IADB while still employed at UNDP' Spanish Fund (Spain Tribunal investigate $$)

U.N. ethics guru has mysterious ethics lapse in his past

By George Russell

Published March 01, 2012 | FoxNews.com

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(http://www.foxnews.com/world/2012/03/01/un-ethics-guru-has-mysterious-ethics-lapse-in-his-past/)

EXCLUSIVE: Bernardo Kliksberg is one of the most famed anti-poverty intellectuals inLatin America and a tireless cheerleader for government-led anti-poverty efforts. He has been a consultant for a wide variety of United Nations agencies. His more than 40 books circulate widely; several have been published by UNESCO and the U.N. itself. They include such titles as "Toward an Economy with a Human Face"; "More Ethics, More Development"; "Latin America’s Pending Ethical Agenda"; and "Ethical Values and Daily Life."

It also appears that Kliksberg, 71, has had some ethical issues of his own with one of Latin America’s biggest anti-poverty institutions, the Washington-based Inter-American Development Bank, or IDB, according to documents obtained by Fox News.

In a letter dated October 24, 2007, and sent to government officials in Canada and Norway, the Washington-based IDB declared that it would reimburse $109,000 to a special Social Capital, Ethics and Development Fund that the two countries had financed, because “the former Technical Advisor for the Fund violated certain provisions of the Bank’s Code of Ethics.” The violation: he had “used employees hired with Fund resources to perform work in furtherance of his personal endeavors.”

The technical adviser was Kliksberg.

The $109,000 represented about 50 percent of the money the two countries gave to the fund in 2006 for use by its secretariat, the IDB letter said. It was the estimated amount of paid time that the adviser and his assistants devoted to his non-Bank activities. In addition, the letter said, “based on these conclusions, the Bank did not renew [the adviser’s contract] and his employment with the Bank has, therefore, ended.”

“We deeply regret the events that occurred,” the letter states, “and have taken the necessary steps to rectify the situation and to prevent something similar from happening again.”

A copy of the letter was provided to Fox News last month [February] by Norway’s foreign ministry. Kliksberg himself, in response to queries from Fox News, confirmed his role at the Social Capital, Ethics and Development Fund, even as he denied ever having heard of most of the charges in the IDB letter, or that any ethics decision had been taken against him at the bank.

Click here for the bank's letter.

“I was not dismissed, nor was my contract terminated, by the Inter-American Development Bank,” he declared -- a statement that did not contradict anything the bank said about his employment in the letter to Norway and Canada.

“I left the Bank to take a position at the United Nations in New York, where I could be closer to my children,” he told Fox News.

As for the bank’s $109,000 reimbursement, Kliksberg told Fox News, “This is the first time I am hearing this claim. Neither I, nor anyone I have contacted regarding this matter, has communicated that the IDB refunded any money to the fund.”

As it happens, the new job that Kliksberg took after leaving the IDB made him much more than an advocate for more “ethical” social and economic development. It also made him a major international figure in helping to ladle out U.N. development cash.

From 2007 to 2010, Kliksberg, a native of Argentina, was director for UNDP of an important trust fund financed by the government of Spain, which gave more than $700 million to the U.N. development agency during Kliksberg’s tenure. Kliksberg’s portion of the Spanish largesse was worth some $63.9 million, and was devoted to Latin American development projects.

At the same time that he served as the Latin American fund’s director, he also was a consultant to UNDP’s regional bureau for Latin America and the Caribbean. Kliksberg still works as a part-time consultant for UNDP’s bureau for development policy.

Figuring out what exactly transpired at the IDB before Kliksberg took up his bigger UNDP responsibilities is something of a mystery, entwined in denials, conflicting statements, and a stonewalling culture of institutional secrecy about disciplinary proceedings at one of the Western Hemisphere’s most important anti-poverty institutions.

Like the United Nations, the Washington-based IDB is protected by a curtain of diplomatic immunity and confidentiality that make its inner workings unknown to outsiders and off-limits to outside investigators, unless the IDB wants them to know. The bank has its own internal justice system, which is also immune to external systems of law.

In response to queries from Fox News, the IDB declared that “administrative proceedings concerning our employees are confidential and we do not comment on individual cases.”
At the same time, a bank spokesperson added, “We can assure you that the Bank has a well-developed systems for considering and addressing allegations of employee misconduct.”

The mystery of the alleged abuses of the Social Capital and Ethics trust fund surfaced in another way last summer, in an obscure whistleblower case brought by a former IDB employee, Ada Piazze, who had worked at the Social Capital and Ethics fund under Kliksberg.

According to a published decision by the IDB’s internal Administrative Tribunal, in 2006 Piazze brought evidence to the bank’s attention that her boss, the fund’s “General Coordinator,” --described in the Tribunal’s judgment only as “a person well known and respected in the field of developmental ethics”-- was “engaged in fraud and misconduct” by using not only trust funds, but money from the bank itself, “for his own personal benefit.”

Piazze’s claim was that she had been promised continued employment at the bank before she brought additional evidence against the “General Coordinator” to light under the bank’s whistleblower protection rules. When Piazze was subsequently let go by the bank, she eventually appealed to the Tribunal, and was awarded $300,000 in damages.

Piazze declined to comment to Fox News regarding the case.

Until queried about the Administrative Tribunal judgment by Fox News, Kliksberg said, he knew nothing about it, and had never seen the decision that granted his former subordinate $300,000 in damages.

Click here for the tribunal judgment.

Kliksberg said that only after being approached by Fox News did he investigate, and could confirm he was the person mentioned in the decision. He added that he considered the accusations mentioned in the decision to be overblown.

“The allegations in the Piazze case were grossly exaggerated by Ms. Piazze and her attorney in their pursuit of financial gain,” he told Fox News. From his own investigations, he said, he had learned that “I was accused of allowing members of our team to voluntarily participate, in their free time, in Ethics and Development initiatives (in which I was a consultant) that were not in the scope of their duties at the IDB. I was also accused of using my office computer and other equipment for Ethics and Development-related projects outside of my assignment at the IDB. As for the ‘misuse [of] funds,’ as a part-time consultant, I was not able to directly authorize the use of funds.”

Kliksberg subsequently added that “I can confirm that the Bank conducted a thorough investigation and made a decision on this issue: to take no action, other than ask that the IDB Human Resource Department be consulted in the event that I applied or was considered for a future engagement at the IDB.”

Kliksberg’s reconstruction of events differs considerably from the way the issue was discussed in the Inter-American Development Bank’s letter to Canada and Norway. It also raises additional questions of its own. How “allowing” employees to use their free time in any voluntary fashion would be the basis of an ethics charge by an employer such as IDB is something of a puzzle. Why the IDB would conceivably pay $109,000, as the Bank’s 2007 letter indicates, for such a difficult-to-imagine infraction is even more of a brain-twister.

Moreover, the notion that the IDB could conduct a “thorough investigation,” as Kliksberg describes, and come to a “decision” without informing him, appears to be a huge contradiction of the 2006 procedures for the IDB Ethics Committee that were in effect when the alleged infraction occurred -- and also of a new set of procedures that went into effect in December 2007, two months after the Bank wrote its $109,000 apology to Norway and Canada.

According to the 2006 procedures, once the Ethics Committee decides that a violation of the bank’s Ethics Code has occurred, it must “promptly notify” the accused employee both of the substance of the charge, the fact that the Committee is taking jurisdiction, and the steps it intends to take to investigate. Even if those actions are delayed to safeguard an investigation, they must take place a minimum of 30 days before the Committee holds a hearing on the issue.

Moreover, if an investigation by the bank’s watchdog Office of Institutional Integrity (OII) takes place the accused employee must be given a copy of OII’s final report, as well as all supporting evidence, prior to any hearing and Ethics Committee decision, no more than five days after the Committee gets the report. The IDB’s letter to Norway and Canada states categorically that both an OII investigation and an Ethics Committee decision took place.

The bank’s safeguards also apply to the hearing itself, where accused employees can be represented by legal counsel, present opposing evidence and offer the testimony of witnesses.
The right to such a hearing, however, can be waived by the accused -- which would be tantamount to deciding not to contest the results of any investigation.

Significantly, however, according to the Bank’s procedures, any decision made by the Ethics Committee that concludes an ethics violation has taken place, is sent in the bank’s Human Resources Department files, and is also subject to appeal “to the Bank’s internal grievance system” -- which has at its apex the same Administrative Tribunal that heard the Social Capital and Ethics Fund whistleblower case.

In other words, Kliksberg was supposed to be informed of any action involving the Ethics Committee that was negative toward him, to protect his right of appeal.

In responses to questions from Fox News, the IDB declared that Kliksberg’s contract “expired prior to conclusions regarding any allegations concerning his conduct as an employee.”

But nothing in the bank’s ethics procedures suggests that the right to appeal -- and the right to be informed of any actions taken as a result of investigation -- lapses if the employee leaves the bank. Indeed, the terms of jurisdiction of the bank’s Administrative Tribunal are explicitly extended to former employees.

Whatever the circumstances, by the time the Bank made its admission to Canada and Norway about the misuse of their donated funds, Kliksberg was well-established as director of UNDP’s vastly more valuable Spanish-financed trust fund, effective January 2, 2007, a UNDP spokesman confirmed.

There is one small wrinkle: a copy of the IDB’s letter of agreement with Kliksberg regarding his last one-year contract extension, which was examined by Fox News, says that his IDB assignment would last until January 8, 2007.

According to a UNDP spokesman, Kliksberg “has informed UNDP he was an [IDB] consultant from April 2002 to December 31, 2006.” Kliksberg also told Fox News that his employment at the bank ended in December 2006.

George Russell is executive editor of Fox News and can be found on Twitter@GeorgeRussell

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